Por Carlos Aldana Mendoza, Coordinador Regional de Programas de CIPREVICA

En el Congreso de la República de Guatemala se viene gestando un absurdo y contundente golpe a las luchas por la paz, la democracia y la auténtica reconciliación. Se pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional, para que todos los delitos de lesa humanidad puedan ser automáticamente perdonados y “olvidados”. Se incluye aberraciones como la de liberar en un plazo no mayor de 24 horas, a todas las personas en proceso o cumpliendo condenas. Se trata de una amnistía general para todos aquellos que estuvieron involucrados en el conflicto armado interno cuyo resultado, oficialmente expresado por Naciones Unidas, fue de 200 mil víctimas directas. Además, se insiste en estas reformas que los militares solo puedan ser juzgados en tribunales del Ejército

Esto de escándalo y profunda preocupación. No solo porque se niega el derecho universal a la justicia, porque constituye una bofetada directa a los sobrevivientes y víctimas, con lo cual se sigue fortaleciendo un clima de revictimización en nuestro país, sino porque también nos convierte en un Estado en permanente retroceso. ¡Cuánto ha costado a las víctimas poder tener acceso a una justicia que mínimamente repare los profundos daños en su vida, causados por violadores de derechos humanos!

Por supuesto que hemos podido observar la algarabía, la fiesta hecha por los familiares de militares. Por supuesto que están felices por este tipo de actitudes, decisiones y acciones de una mayoría de diputados que nunca han asumido una visión de estadistas sino principalmente de servidores y operadores de los poderes más oscuros establecidos en nuestro país.

El olvido sin justicia, que sería el gran propósito de estas reformas, constituye una fase más, un momento nuevo, del conflicto armado interno en nuestro país. Los victimarios lo viven desde una alianza oscura con esos diputados que están dispuestos a vender la auténtica paz. Cuando se legisla para olvidar abandonando la justicia y la memoria histórica, también se abandona la posibilidad de una auténtica reconciliación, esa que solo es posible construir desde la verdad, la justicia y el perdón. Y cuando todo esto no tiene lugar, brota la violencia, cuyas semillas fueron sembradas tiempo atrás. Y brotarán nuevas maneras de enfrentamiento, de rupturas, de negación de derechos humanos. Mientras la justicia no sea un factor de reparación integral, la violencia de aquellos tiempos es la violencia de esta época y del futuro. Así, es tan violento un diputado que legisla a favor de la impunidad y la amnistía como cualquier otro delincuente, porque está favoreciendo que la violencia sea el lenguaje único para resolver los efectos de un conflicto armado interno que, nadie puede negar, causó tanto sufrimiento. El causante directo de la cultura armada, violenta y agresiva que vivimos como sociedad en la actualidad

Claro que debemos apuntar a la reconciliación, a la paz auténtica, al perdón. Claro que todo ello es urgente y necesario para enfrentar la violencia. Pero nada de eso ocurre cuando se construyen leyes para dejar libres a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, o cuando, “por decreto”, se pretende el olvido.

Si se aprueban estas reformas será una negación descarada del derecho internacional (porque los delitos de lesa humanidad no prescriben). Y aprobadas o no estas reformas, está claro que la clase política guatemalteca, representada en la mayoría de sus diputados, sigue mostrando mínima evolución social y política y es indiferente ante el dolor de las víctimas. Muestra alianzas, vínculos y responsabilidades directas en las causas de graves violaciones de derechos humanos. Son ellos y ellas quienes principalmente alimentan la violencia, porque en lugar de prevenirla de manera estructural, la alientan desde la impunidad y el desprecio a las víctimas.