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Por Otto Alvarado del Programa de Prevención de la Violencia Urbana de CIPREVICA

La muerte de 42 niñas y jóvenes como consecuencia del incendio en el Hogar Seguro “Nuestra Señora de la Asunción”, ha provocado un abanico de reacciones que van desde el dolor y la indignación hasta la aceptación del incendio como método de limpieza social, bajo el supuesto, de que las niñas y las jóvenes eran delincuentes. Partiendo del dolor y la indignación inevitable que me causan la muerte innecesaria de niñas y jóvenes que tenían toda una vida por delante, el sufrimiento de quienes se encuentran recluidas en centros de cuidados médicos y los sufrimientos que a todas las llevaron a ingresar en esa institución; intentaré realizar un análisis de los comentarios que he escuchado en espacios cotidianos y leído en las redes sociales en torno a la pregunta: ¿Quién tuvo la responsabilidad?

  1. ¿La responsabilidad es de las niñas y las jóvenes?: Muchos de los comentarios vertidos, van en la línea de los siguientes: “¿quién les manda fugarse?”, “ellas no eran ningunas santas”. Estos son argumentos para justificar los medios que se utilizaron para someterlas, sin cuestionar que la violencia sistemática (física, psicológica y sexual) de la que estaban siendo víctimas dentro del hogar, las llevó a fugarse. Los motivos por los que se encontraban en el hogar eran diversos, pero tenían en común el hecho de que, siendo menores de edad, no tuvieron la oportunidad de desarrollarse integralmente en el seno de sus familias, razón por la cual, pasaron a la “protección y abrigo” del Estado. Según el artículo 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala: “Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”. Atribuirles a ellas la responsabilidad por lo sucedido, las revictimiza, porque fueron víctimas de violencia antes de ingresar y durante su estancia en el Hogar, ahora son víctimas nuevamente del juicio condenatorio de una buena parte de la sociedad. En todo caso, nada justifica que se deje morir a una persona, cuando existe la posibilidad y la responsabilidad de auxiliarla.
  2. ¿La responsabilidad es de los padres de familia?: Comentarios como los siguientes, juzgan y condenan a las familias, sin conocer las condiciones ni la historia del entorno familiar: “si ellos (los padres) las hubieran cuidado…”, “¿por qué las entregaron a un Hogar, si su obligación era cuidarlas?”. Estos comentarios también se refieren a la pérdida de valores y a la desintegración familiar, asumiendo que con familias “integradas” estas situaciones no sucederían. Esto no necesariamente es cierto, puesto que en el Hogar se encontraban varias niñas y jóvenes que fueron enviadas allí para su protección porque habían sido violadas, abusadas o maltratadas por sus propias familias. En el fondo, estos comentarios idealizan al modelo de familia que ha sido propuesto como el núcleo fundamental de la sociedad, el cual también es defendido por el Estado, porque ha sido útil para la perpetuación de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esta posición estigmatiza a las familias de las víctimas y excluye otros modelos de familias existentes en nuestra realidad.
  3. ¿La responsabilidad es del gobierno?: Los comentarios relacionados con la responsabilidad del gobierno en el hecho, reflejan diferentes opiniones: 1) Unos señalan individualmente a las personas funcionarias públicas y su incompetencia para cumplir con sus obligaciones. Y aunque es evidente que en la muerte de las 40 niñas y jóvenes, hay responsabilidad individual y directa de las autoridades, involucradas, de forma intelectual, material y/o por negligencia, la cual debe ser dilucidada por las instancias de Justicia, la responsabilidad, en última instancia, es del gobierno de turno, por haber nombrado como titulares de los diferentes cargos relacionados con el hecho, a personas que no tenían el conocimiento ni la experiencia necesaria para ello. 2) Otros pretenden exculpar al gobierno, al afirmar, desde una perspectiva neoliberal, que “no debemos esperar todo de papá Estado” y que “el Estado somos todos”, con lo cual se busca diluir la responsabilidad directa del gobierno, pretendiendo colocar en hombros de la sociedad civil el mismo nivel de responsabilidad que la sociedad política (el gobierno) tiene en este hecho femicida. Obviamente, la sociedad civil tiene un nivel de responsabilidad, por la naturalización, la invisibilización y la indolencia que asume frente a los problemas sociales que aquejan a la niñez y a la adolescencia en situación vulnerable, pero ese nivel de responsabilidad es de orden ético, mientras que la responsabilidad del gobierno es, además de ética, normativa y específicamente, constitucional, por lo que deben deducirse las responsabilidades penales y políticas correspondientes. 3) Por último, otros comentarios hacen referencia a que “el gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad de las personas que se encuentran a su cargo, independientemente de la razón por la que esto suceda” y a las causas estructurales por las que ocurre este tipo de hechos: la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad en el acceso a la educación y la salud, el problema de la violencia; en resumen, una sociedad desigual en donde se impone un modelo económico que se beneficia de estas condiciones, para mantenerse y reproducirse.

Mi opinión es que la mayor responsabilidad en este hecho la tiene el gobierno, porque teniendo la obligación de garantizar la vida, la protección y el desarrollo de niñas, adolescentes y jóvenes, ha permitido que además de la violencia que han sufrido en sus familias y en sus comunidades, sean sistemáticamente violentadas de forma física, psicológica y sexual, en una institución que suponía su resguardo y protección.

Deben deducirse las responsabilidades individuales que se requieran, pero no hay que perder de vista, que el problema es mucho más profundo, y en consecuencia, como sociedad tenemos que reflexionar sobre nuestra responsabilidad en este hecho, al reproducir la victimización, la revictimización de las víctimas, y el juicio al que sometemos a las niñas y a las jóvenes, desde una superioridad moral y un modelo idealizado de familia, que solamente perpetúan las relaciones desiguales de poder en nuestra sociedad. La reflexión no debe quedarse solamente en eso, sino que debe llevarnos a la acción comprometida –en los espacios en los que nos desenvolvemos- con la transformación social de las condiciones que permiten que se produzcan hechos atroces como este.

Guatemala, 17 de marzo de 2017