Elaborado por: María Antonieta Cordón, Investigadora Social, CIPREVI
Fecha: 20 de febrero de 2014
La violencia contra las mujeres debe ser abordada desde un enfoque de género. Para ello, es necesario reconocer la existencia de relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que han configurado históricamente la estructura económica, política, social y cultural de las distintas sociedades. En este marco de ideas, el proceso de socialización hace una diferenciación entre géneros, asignándole a las mujeres roles y status inferiores a los de los hombres. Así, ellas se ven reducidas al ámbito privado y ellos al ámbito público.
El Estado a través del Sistema de Justicia Penal es el garante de la observancia del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente del derecho a la justicia de las mujeres víctimas de violencia. Actualmente existen una serie de instrumentos internacionales aprobados y ratificados por los Estados centroamericanos, así como una normativa nacional que protege y favorece a las mujeres.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer, Convención de Belén Do Pará, entiende la violencia de género como “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” La mujer a diferencia del hombre es violentada por el hecho de ser mujer –pertenencia al género femenino- en un contexto que limita la satisfacción de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Entendiendo la violencia de género como una expresión sociocultural de dominación y discriminación basada en una conducta aprendida de identidad relacional diferenciada entre lo masculino y lo femenino.
Aunque se han dado avances significativos en el tema de acceso a la justicia a nivel normativo e institucional con la creación de leyes y órganos especializados en atención y tratamiento a mujeres víctimas de violencia hace falta en la región centroamericana un sistema de monitoreo y evaluación del funcionamiento del sistema de justicia penal (eficacia y eficiencia) que mida los resultados cuantitativos y cualitativos y los contraste con la tasa impunidad, a partir de la relación de casos ingresados y casos resueltos; sobre todo en los delitos de alto impacto como lo son las muertes violentas y los delitos sexuales.
En materia de violencia de género se han creado una serie de leyes nacionales en la región centroamericana –triangulo norte- que a continuación se detallan. En Guatemala: Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar; la Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y; la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. En El Salvador: Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y; Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. En Honduras: Ley contra la Violencia Doméstica; Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer y; Ley del Instituto Nacional de la Mujer.
Respecto al marco institucional también se han creado varias instituciones estatales en la región centroamericana –triangulo norte-, que a continuación se mencionan. Guatemala: Secretaría General de la Mujer (SEPREM); Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y contra las Mujeres (CONAPREVI); Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI); Fiscalía de la Mujer y Oficina de Atención a la Víctima (Ministerio Público), Juzgados de Familia y Juzgados de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra las Mujeres (Organismo Judicial), Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Bufetes Populares, Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), Instituto de la Defensa Pública Penal. En El Salvador: El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y; la Secretaría de Inclusión Social. En Honduras: Instituto Nacional de la Mujer; Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Ley contra la Violencia Doméstica; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Fiscalía especial de la Mujer (Ministerio Público) y; Juzgados de Letras de Familia y Juzgados de Violencia Doméstica (Organismo Judicial).
El acceso a la justicia significa además de un marco normativo e institucional, la disponibilidad de funcionarios tomadores de decisiones especializados y sensibilizados en violencia de género. El cambio cultural de los funcionarios judiciales permeados por el contexto patriarcal y machista, es fundamental para disminuir las prácticas tradicionales de estigmatización que criminalizan a las mujeres víctimas, así como, la victimización secundaria que aumenta el daño causado por el victimario. En este sentido, el sistema de justicia penal reproduce la desigualdad social por medio de prácticas excluyentes y discriminatorias, afectando principalmente a mujeres pobres e indígenas, por su situación de clase social y pertenencia étnica.
Por ejemplo, algunas mujeres que llegan a presentar su denuncia a las Fiscalías o Juzgados por haber sido abusadas sexualmente, son cuestionadas sobre su forma de vestir (minifalda o short) y uso de tatuajes, su actividad sexual (si era virgen o no), el horario (noche o madrugada) y el lugar en el que ocurrió el hecho (calle, discoteca, bar). Estos criterios son utilizados por algunos fiscales o jueces para determinar si el caso debe ser investigado, juzgado y condenado o no. Por otra parte, las mujeres que llegan a las instituciones de justicia a presentar una denuncia, son atendidas de acuerdo a criterios estereotipados como su condición económica reflejada en su forma de vestir, hablar y comportarse; así como, su condición étnica que hace referencia principalmente a su forma vestir y hablar el idioma español.
El sistema de justicia penal hace uso de la fuerza racional del Estado para disminuir la violencia cometida contra las mujeres por medio de leyes e instituciones reactivas o preventivas. Sin embargo, la solución está en abordar las causas estructurales originarias de la violencia, por medio de políticas, programas, estrategias y acciones integrales de prevención primaria dirigida a mujeres y hombres en general; prevención secundaria dirigida a mujeres en riesgo de ser violentadas y hombres en riesgo de ser agresores; y finalmente, prevención terciaria dirigida a mujeres que han sido víctimas y hombres agresores.
Por otra parte, es importante mencionar, que la mayoría de mujeres son violentadas en el ámbito privado por sus convivientes o parientes cercanos. En los últimos años el número de denuncias ha aumentado, sin embargo, muchas mujeres hoy por hoy desconocen la normativa que las protege, la institución a la que deben acudir, así como el procedimiento para denunciar.
Aunque varios estudios revelan que los agresores provienen de hogares violentos o han sido violentados en las diferentes instituciones de socialización primaria y secundaria, como la familia, la escuela, la comunidad y el trabajo. Esto no justifica su conducta violenta y misógina –sentimiento de odio o rechazo hacia las mujeres-, pero si evidencia la necesidad y urgencia de trabajar con ellos el tema de la prevención. En este sentido, para prevenir la violencia de género es fundamental deconstruir el sistema patriarcal y machista que prevalece en la sociedad en general y en el sistema de justicia penal en particular. Los principios jurídicos de igualdad, gratuidad y celeridad deben ser incorporados en la cultura de los funcionarios judiciales.
Por último, el cambio normativo e institucional necesita ir acompañado del cambio cultural que desmitifique la violencia de los hombres cometida contra las mujeres como un fenómeno emocional, instintivo, pasional, individual, aislado y ahistórico. Para ello, la política de persecución penal debe enfocarse en la relación de casos, identificando patrones de comportamiento comunes de los victimarios, investigarlos y sancionarlos.
Como una reflexión final, en este mes en el que se celebra el “amor” los hombres les regalan tarjetas, flores y chocolates a las mujeres con las cuales tienen una relación cercana. No obstante, se les hace un llamado a brindarles el respeto hacia sus vidas e integridad física, sexual y psicológica. Así mismo, se les hace un llamado a las mujeres a no permitir ningún tipo de violencia, recordándoles que esta no es el resultado de un proceso natural y normal de las distintas sociedades, sino un producto histórico de relaciones desiguales de poder entre géneros, en las cuales, la violencia es un mecanismo utilizado por estos para ubicarlas en una posición de inferioridad y subordinación.
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Autor
Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia 
