06 de marzo, 2014
Elaborado por: Adán Enmanuel Zúniga, Facilitador de Acciones Estratégicas, CIPREVI

La Declaración Universal de Derechos Humanos, contempla una serie de derechos que todos los habitantes del planeta tenemos, los cuales son necesarios para poder llegar a alcanzar la realización de cada uno en nuestra vida. Es interesante analizar la responsabilidad que tiene cada Estado en la observación y cumplimiento de tales derechos, tanto frente asimismo, sus habitantes como ante la comunidad internacional, ya que cuando un Estado suscribe un Tratado o Convención de este tipo y lo incorpora a su Derecho, esta obligando a dar cumplimiento a lo allí plasmado.

A diferencia del papel activo que el Estado adopta en la violación de los Derechos Civiles y Políticos, la violación a los Derechos Económicos y Sociales por el Estado se da cuando éste adopta una posición pasiva y se desentiende de satisfacer el interés público temporal que es su razón de ser, y no genera las condiciones de acceso de la población a la educación, salud, vivienda, trabajo digno, etc, con esta actitud el Estado contribuye y por ende se vuelve responsable de los índices de violencia que en su territorio se empiezan a desarrollar y mas aun cuando los entes encargados de investigar, juzgar y sancionar los crímenes cometidos no realizan su trabajo efectivamente, esto contribuye en los altos índices de violencia e impunidad.

Sí bien es cierto el origen de la violencia es multicausal, aquí encontramos dos causas de suma importancia que contribuyen a la violencia que enfrenta el istmo centroamericano; el descuido de los Estados de satisfacer los derechos económicos y sociales de su población (exclusión), y por otro lado el papel de los operadores de justicia sin capacidad de resolver un alto porcentaje de hechos delictivos cometidos en la región (impunidad). Si a lo anterior sumamos la infiltración de algunos operadores de justicia por miembros del crimen organizado, la situación se vuelve mas complicada de resolver, y habría primero que hacer una verdadera depuración en tales entes, investigando las conductas y procederes de sus integrantes y del resultado de tales investigaciones aquellos funcionarios que resulten implicados en situaciones ilegales sean llevados a los tribunales de justicia, donde después de seguido todo el proceso legal correspondiente en el cual se observen los derechos que los imputados tienen, estos sean sancionados. Acciones de ese tipo además de sanear las diversas instituciones serán por un lado una sanción para quienes se aparten de la ley y por otro lado serán un incentivo para los buenos funcionarios quienes se ven afectados por las conductas de sus compañeros que han empañado la imagen de dignas instituciones ya que estos olvidaron cual es la razón de ser de las mismas, traicionado la confianza que en sus manos se depositó, esto finalmente llevaría como efecto mayor credibilidad de la población en sus autoridades y desde luego a la disminución de los índices de violencia y delincuencia que hoy enfrentamos.

Para resolver un problema, de cualquier tipo que este sea, lo primero es empezar a buscar las causas del mismo, de lo contrario cuando esto no se hace, cualquier acción y decisión que tomemos no tendrá el éxito para solventar el mismo. Las decisiones mas fáciles de tomar para las autoridades en el ámbito de la prevención de la violencia y delincuencia son aquellas que implican mayor represión, dentro de las cuales podemos mencionar entre otras: creación de nuevos cuerpos policiales, disminución de la edad punible, incremento a las penas, en ocasiones propuesta de aplicación de la pena de muerte en los Estados donde no esta permitida, tales acciones tienen efectos a muy corto plazo y sí se dejan por fuera acciones encaminadas a darle mas oportunidades a las personas, como ser abrir más escuelas y dotarlas de todo lo necesario, apoyar el deporte y las actividades lúdicas, crear mayores fuentes de trabajo digno, etc, difícilmente se tendrán los resultados esperados.

Para obtener resultados exitosos en la disminución de los actuales niveles de violencia y delincuencia en la región es necesario tener en cuenta la satisfacción de los derechos económicos-sociales de la población, de lo contrario los resultados de las políticas represivas serán mínimos sino nulos, sí los gobernantes no adoptan políticas encaminadas a la satisfacción de los derechos humanos de la segunda generación, cada vez tendremos más familias desunidas ya que un buen numero de nuestros compatriotas continuaran abandonando el terruño que los vio nacer en busca de solventar las necesidades que su patria no le da y esto va en detrimento de la primera célula de la sociedad, afectando el tejido social, unos huyendo de la pobreza y otros de la violencia.