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Por Walter Paniagua, Investigador del Programa de Prevención de la Violencia Urbana de CIPREVICA

Hace más de un año, conducía mi motocicleta por la calle Martí, en la ciudad de Guatemala, cuando inesperadamente un autobús que rebasaba por el carril contrario, golpeó a mi vehículo. Unos segundos más tarde, abrí los ojos y no tenía puesto el casco ni los anteojos. Algunas personas me auxiliaron y repetían insistentemente el número de placa del bus. Sin embargo, yo no prestaba atención, por el dolor que sentía en la mano izquierda. Alguien amablemente me llevó los anteojos y pude observar que mi extremidad superior estaba muy lastimada, desde la mano hasta el brazo.

Ya en la 10 avenida “A” y Calle Martí, esperé varios minutos a que pasara el aturdimiento del golpe. Durante ese tiempo observé que pasaron dos patrullas de la Policía Nacional Civil, pero ninguna se detuvo. En vista de que tampoco llegaron los bomberos, decidí dirigirme al hospital más cercano. Sin embargo, mi motocicleta tiene los cambios en el mango y, no podía mover la mano izquierda.

Finalmente, y luego de mucho esfuerzo, llegué a un hospital privado donde, sin preguntar qué me había pasado, me dijeron “Por entrar a emergencia son 2 mil quetzales”. En ese momento no tenía esa cantidad de dinero, así que decidí ir a un hospital público. Casualmente, la sede de la Cruz Roja Guatemalteca (CRG) estaba cerca y hacia allí me dirigí.

Cuando llegué, me atendieron rápidamente. La persona que me evaluó, argumentó: “Es posible que sea una fractura, sin embargo; ahora mismo el traumatólogo no se encuentra, porque ya son más de las cinco de la tarde”. Para ese momento, el dolor resultaba insoportable y para lo demás, eran evidentes mis signos de dolor. Los paramédicos de la CRG me dijeron que podían trasladarme al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de la zona 7 (más o menos a siete kilómetros de donde me encontraba) o al Hospital San Juan de Dios. Como mi contrato laboral había vencido hacía unos meses, no podía acudir al IGSS. Además, con el tráfico del periférico en ‘hora pico’, era casi impensable que aguantara con ese dolor por más tiempo.

Decidí pues, acudir al Hospital San Juan Dios. Los residentes de traumatología me atendieron amablemente, me sacaron las radiografías y, en efecto, tenían que operarme porque era una fractura. El problema fue cuando me dijeron que no podían operarme porque a) no tenían clavos quirúrgicos y b) estaban en huelga. Entonces la soluciones que me dieron fueron, “vaya a comprar dos clavos quirúrgicos y regrese el lunes” (por cierto fue jueves el día del accidente).

Honestamente no lo podía creer. Durante mi vida laboral he intentado pagar los impuestos a tiempo y pensaba: ahora mismo podría costearme estos clavos pero, ¿y si el accidente hubiera sido más grave y necesitara de otro tipo de rehabilitación? Me fui del hospital a las dos horas de haber llegado, con un cabestrillo ‘hechizo’, con un papel donde aparecía la dirección del lugar donde podía comprar los clavos quirúrgicos y con un par de pastillas para el dolor.

En el mes de abril se destapó el escándalo conocido como “la línea” y varios funcionarios públicos guatemaltecos fueron señalados de participar en una estructura criminal que actuaba en una red de contrabando en las aduanas del país. Los montos estimados que dejó de percibir el Estado de Guatemala, rondaban varios millones. La sensación de impotencia que me embargó en ese momento, fue de tal magnitud que me costaba pensar en qué se podría gastar ese dinero: educación, salud, carreteras… ¡vaya si este país no tiene necesidad de que se inviertan los impuestos!

Quizás lo que más me dolía, era pensar que con el dinero que estas personas se robaron, han vulnerado gravemente el derecho de la población guatemalteca a la satisfacción de sus necesidades básicas, agravando y profundizando la violencia estructural que desde hace siglos ha caracterizado a la sociedad guatemalteca. ¿Cuántas personas no han pasado por esta situación dentro del sistema nacional de salud?
Es verdaderamente indignante, darnos cuenta de cómo la violencia estructural sigue siendo perpetuada desde el Estado, a través de funcionarios sin escrúpulos que -pensando únicamente en sus intereses-, hacen que en este país se normalice este tipo de situaciones, disfrazadas de ‘falta de presupuesto’.

Guatemala, 03 de noviembre de 2016

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