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Por Pilar Mármol del Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres de CIPREVICA

El pasado 13 de enero, en la Ciudad de Guatemala se llevó a cabo la audiencia de etapa intermedia (es decir el momento del proceso penal en donde se define si las personas sindicadas enfrentarán juicio oral y público), en el caso de Marco Antonio Molina Theissen, quien en el año de 1981, a sus 14 años de edad, fue detenido y desaparecido por integrantes de las fuerzas militares, en el marco del conflicto armado interno.

Durante más de treinta años la familia Molina Theissen ha insistido para que la justicia avance en su caso, en el que se encuentran señalados cuatro militares como responsables de la detención y desaparición del menor. Ya en el año 2,000 el Estado de Guatemala aceptó su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por esta desaparición y ésta le ordenó que investigara los hechos.

El 17 de enero recién pasado, en medio de una manifestación pacífica en contra de la instalación de proyectos hidroeléctricos organizada por habitantes de Ixquisis, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, fue asesinado el señor Sebastián Alonzo Juan, defensor de los derechos humanos. Este es uno de los tantos hechos de violencia y represión en contra de defensoras y defensores del territorio, en donde se han visto involucradas fuerzas policiales, militares y agentes de seguridad privada, que resguardan los intereses económicos de los monstruos transnacionales, que continúan imponiendo el modelo hegemónico que arrasa con los “bienes naturales comunes” y con las vidas de comunitarias y comunitarios que han resistido contra esta forma de violencia.

Los dos hechos anteriormente mencionados –al igual que muchos otros más- constituyen evidencias del continuum histórico del ejercicio de la fuerza militar para reproducir la violencia y asegurar el control económico y social en Guatemala. Recientemente, en los medios de comunicación, se informaba sobre las acciones planteadas por el Alcalde de Mixco para evitar el cierre de un destacamento militar y el retiro de elementos militares de las tareas de seguridad ciudadana en el Municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, contraviniendo uno de los compromisos establecidos por los acuerdos de paz. Estas acciones buscan reafirmar la idea errónea de que la presencia militar en el espacio público reduce la incidencia de hechos de violencia y aumenta la percepción de seguridad ciudadana. Se hace necesario regresar siempre a la historia del país, apelar a la memoria y no olvidar el papel que ha jugado el ejército en la producción y la reproducción de la violencia que se encuentra vigente hasta nuestros días, en resguardo del proyecto económico hegemónico.

¿Qué dirá esto de un Estado que vuelca sus esfuerzos y recursos en consolidar estrategias de violencia desde sus aparatos de poder y deja por un lado la discusión y solución de fondo de los problemas sociales? No se puede pensar aún en la transformación del sistema hacia la justicia social, hasta que no exista una conciencia colectiva de lo que ha significado el ejercicio del poder a través de aparatos represores, como las fuerzas militares -tanto en Guatemala como en el resto de países de la región- y además, mientras se siga comprendiendo el problema de la violencia como algo fragmentado y se sigan construyendo propuestas de solución incoherentes y superficiales.

Guatemala, 19 de enero de 2017

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