El objetivo de esta fase es crear espacios de articulación entre las comunidades de práctica de la sociedad civil (portadores de derechos) y del Estado (portadores de deberes), construyendo capacidades para el liderazgo transformador y la resolución de conflictos, con el fin de favorecer la participación intersectorial como el lugar privilegiado para la construcción colectiva de políticas públicas, programas, proyectos y/o acciones para la prevención integral de la violencia a nivel municipal.